Nicaragua está ubicado entre el océano Pacífico y el mar Caribe, al centro del istmo centroamericano, lo que la sitúa en una posición clave para el comercio y la comunicación entre América del Norte y América del Sur.
Este país se independizó de España en septiembre de 1821, formando parte de la República Federal de Centroamérica hasta su disolución en 1838, estableciéndose como un Estado independiente con una constitución que establecía un régimen parlamentario. Durante sus primeros años de república, Nicaragua pasó por varios gobiernos: liberales, conservadores y dictatoriales.
El inicio del siglo XX fue marcado por el fin del régimen dictatorial de José Santos Zelaya y la intervención de Estados Unidos, instalándose con fuerzas militares y estableciendo un gobierno conservador. Controlaron la economía del país, y llegaron a un acuerdo para construir un canal interoceánico, pero este proyecto nunca se realizó.
En 1936, Anastasio Somoza García inició una dictadura familiar que duró hasta 1979, marcada por represión política y corrupción, en ella el poder se pasó entre tres generaciones de la familia Somoza, gobernando durante 43 años. La Revolución Sandinista de 1979 marcó un punto de inflexión significativo, derrocando al régimen dictatorial de Anastasio Somoza y estableciendo un gobierno socialista liderado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Aunque el país experimentó un breve período de democracia liberal en la década de 1990, el FSLN volvió al poder en 2007 bajo el liderazgo de Daniel Ortega, quien permanece en el poder y ha consolidado un gobierno cada vez más autoritario.
El Frente Sandinista de Liberación Nacional
El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que actualmente gobierna en Nicaragua, es una organización política y guerrillera formada en 1961, y llamada así en memoria de Augusto C. Sandino[1]. Esta organización armada, que nació con el fin de terminar el régimen dictatorial de la familia Somoza, se formó a partir de acciones guerrilleras y políticas, influenciada por la Revolución Cubana y el Frente de Liberación Nacional de Argelia. El FSLN logró derrocar a la dictadura somocista, culminando en la Revolución Sandinista. Esta victoria permitió al FSLN asumir el poder en Nicaragua el 19 de julio de 1979. Actualmente sigue siendo una fuerza política significativa en Nicaragua. El legado que declaran incluye la lucha por la justicia social y la soberanía nacional, aunque ha enfrentado críticas por su manejo del poder y las libertades civiles en el país.
[1] Fue un revolucionario nicaragüense, líder de la resistencia contra el ejército de ocupación estadounidense en la primera mitad del siglo XX. Posterior a su muerte se convirtió en la figura principal representante del movimiento revolucionario nicaragüense.
Daniel Ortega y su señora Rosario Murillo son los actuales gobernantes de Nicaragua. Ortega se unió al FSLN en 1963 y jugó un papel crucial en la Revolución Sandinista de 1979. Fue miembro de la junta que gobernó el país después de la revolución y se convirtió en presidente en 1984. Perdió las elecciones en 1990, pero regresó al poder por elecciones en 2006, asumiendo en 2007 y desde entonces ha permanecido en la silla presidencial.
Por su parte, Rosario Murillo se unió al FSLN en 1969 y se convirtió en una figura política influyente en Nicaragua. Fue primera dama desde 2007 y vicepresidenta desde 2017 hasta 2025. En enero de 2025, se convirtió en copresidenta del país junto a su esposo Daniel Ortega, gracias a una reforma constitucional impulsada por ellos. Es conocida como la “mano derecha” del mandatario y ha sido criticada por su papel en la erosión de la democracia y los derechos humanos en Nicaragua.
Reforma Constitucional de enero del 2025
El 19 de febrero 2025 entró en vigor la nueva reforma a la Constitución Política que transforma el Estado, elimina el balance de poderes, y otorga un poder total al presidente del país Daniel Ortega y a su esposa y Rosario Murillo, quienes ahora tienen el cargo de “copresidentes”. Los legisladores reformaron 148 de los 198 artículos de la Carta Magna y derogaron otros 37, incluido el que prohibía la práctica de la tortura.
La enmienda establece que Nicaragua es un Estado “revolucionario, libre, soberano, independiente, que reconoce a la persona, la familia y la comunidad como protagonistas de la democracia directa” (Artículo 13, CPRN) , dicta que el poder revolucionario lo ejerce el pueblo de forma directa, y el pueblo ejerce el poder del Estado a través de la Presidencia de la República que dirige al gobierno y coordina a los órganos legislativo, judicial, electoral, fiscalía de cuentas y los entes autónomos.
La nueva copresidencia dirigirá al gobierno y, como Jefatura de Estado, coordinará al órgano legislativo, judicial, electoral, de control, al regional y municipal. Por otra parte, la Presidencia podrá ordenar la intervención del Ejército de Nicaragua en apoyo a la Policía Nacional, cuando la estabilidad de la República lo requiera (EFE, 2025).
El artículo 20 de la Constitución, que trata los emblemas y símbolos patrios, agregó además del Himno Nacional, las Banderas Azul y Blanco, y el Escudo Nacional, a la bandera rojinegra que representa la “lucha antiimperialista del General Augusto C. Sandino y de la Revolución Popular Sandinista”. Estos colores han sido utilizados históricamente por los movimientos antifascistas o también conocidos como antifa.
Figura 1 Daniel Ortega, dictador de Nicaragua, y de fondo banderas del FSLN declarada símbolo patrio
Fuerzas paramilitares y parapoliciales/ Fuerza militar paralela de Nicaragua
Existe en Nicaragua un historial de fuerzas paralelas o fuerzas de choque, como las llamaban en el siglo XX. Las primeras datan de 1925, época de los gobiernos conservadores, y el fin con que fueron creadas se mantiene hasta la fecha que es el de: reprimir a la oposición política, las protestas y disidentes. Pueden seguir las órdenes de un partido político o del mandatario de gobierno.
Las fuerzas militares paralelas actuales de Nicaragua, tienen sus primeras apariciones en julio de 2018, cuando se observan las imágenes de hombres enmascarados izando la bandera roja y negra del movimiento político sandinista, portando armas y trabajando en conjunto con la policía. Se estima que fueron estas fuerzas paramilitares las que reprimieron la mayor cantidad de manifestaciones que ocurrieron durante ese año, que cobraron la vida de más de 400 nicaragüenses, bajo las órdenes de Ortega y Murillo para llevar a cabo la “Operación Limpieza” (Aljazeera, 2018).
Una de las reformas constitucionales que destacó más y que ha generado preocupación y rechazo por parte de distintas organizaciones internacionales – además de la oposición nicaragüense – es la institucionalización de estos cuerpos paramilitares y parapoliciales. Con esto crearon las “Fuerzas Militares de Reserva Patriótica” y la “Policía Voluntaria”, con el fin de fortalecer el cuerpo militar y control policial sobre el país.
Por una parte, se creó un “cuerpo auxiliar”, integrado por ciudadanos nicaragüenses que prestan un servicio “de apoyo a la Policía Nacional” de forma voluntaria, el cual es llamado “Policía Voluntaria”. Este término fue utilizado por el gobierno por primera vez en 2018, para denominar a los paramilitares que reprimieron con fuego las protestas contra el gobierno, entre abril y julio de ese año, contribuyendo a detener el levantamiento contra el gobierno de Ortega, lo que les valió su respaldo.
Al mismo tiempo se crearon las “Fuerzas Militares de Reserva Patriótica”, como parte del Ejército de Nicaragua, las cuales estarán integradas voluntariamente por oficiales, funcionarios, suboficiales, clases, soldados y marineros que han pasado a la honrosa condición de retiro o licenciamiento. Esas fuerzas de reserva también pueden estar integradas por “cualquier ciudadano o ciudadana que desee participar en la defensa armada de la nación, para garantizar la estabilidad, la seguridad y la paz” (Artículo 85, CPRN[2]).
Esta reforma también establece que la Presidencia podrá ordenar la intervención del Ejército en apoyo a la Policía Nacional, cuando la estabilidad de la República lo requiera. Producto de estos nuevos artículos de la Constitución, centenares de exmilitares, ex policías y reos peligrosos se han convertido legalmente en pieza indispensable para el mantenimiento del régimen orteguista.
Una organización paramilitar es un grupo de civiles armados con estructura militar que no forma parte del ejército oficial de un Estado. Sus orígenes y objetivos varían según el contexto y región, que en el caso de Nicaragua es aumentar y fortalecer el poder y control del Ejército y la Policía. En general pretenden hacer cumplir una agenda con intereses políticos a través de la intimidación, la coacción, la violencia y el terror, en este caso siendo leales a Ortega y Murillo. (El Orden Mundial, 2025)
Más de 80.000 policías paramilitares han jurado hasta el 26 de febrero de 2025 en todo el país (Prensa Nicaragua, 2025). Se estima que varios son fanáticos sandinistas, trabajadores públicos, miembros de la Juventud Sandinista, miembros del Consejo del Poder Ciudadano (CPC), entre otros radicales del régimen orteguista. También se sabe que su entrenamiento militar fue de al menos tres años en diferentes campos militares del país.
[2] Constitución Política de la Republica de Nicaragua, publicada en su última reforma en febrero 2025.
Figura 2 Imagen del juramento de 30.000 paramilitares el 25 de febrero, 2025 • Nota: El País, 2025.
A su vez, el Estado dio la orden a funcionarios públicos de jurar obligatoriamente. Se les pidió que vistieran de pantalón negro, zapatos negros y camiseta blanca, en el lugar les pasaron capuchas negras para ocultar sus identidades, y después de pasar varias horas aprendiendo a formarse, llegaron los copresidentes a presenciar el juramento, que fue liderado por Murillo, y todos los civiles tuvieron que jurar ante ella, “Tomamos juramento de la heroica policía voluntaria, guerrilleros de la paz, defensores de la paz” (El País, 2025).
Un análisis teórico sobre el paramilitarismo, realizado por los académicos y expertos en seguridad Stathis Kalyvas y Ana Arjona, hablaron sobre las llamadas “milicias de autodefensa local o guardianes”, un tipo de paramilitarismo que se puede comparar con el proyecto en marcha en Nicaragua. Las milicias de autodefensa local o guardianes normalmente son coordinadas por el Ejército o la Policía, aunque forman parte de una red mucho más extensa, según explica el estudio.
“Son instituciones que operan a tiempo parcial. Por lo general se conforman a nivel local (involucrando sólo a personas del mismo pueblo) y están compuestos por hombres de la localidad y algunas mujeres a veces, cuyas actividades están fuertemente ligadas a su comunidad. Son parte de una estrategia local del gobierno y de construcción del Estado. El principal propósito de las milicias es el control de la población” (Kalyvas, Arjona, 2005).
Se ha averiguado que les entregan armas tipo AK-47, AKM, AKMS, Dragunov SVD, IMI Galil, M-16, entre otras, solo cuando son llamados a patrullar y deben entregarlas posteriormente. También se conoce que tienen un orden jerarquizado dependiendo del origen del hombre (jóvenes, excombatientes del Frente Sandinista, funcionarios públicos o exmilitares)
Conclusiones
Debido a un informe emitido por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU donde aseguraron que el régimen de Ortega y Murillo ha convertido a Nicaragua en un Estado dictatorial, y que las fuerzas armadas fueron participes de las represiones contra manifestantes durante el año 2018, realizando ejecuciones extrajudiciales (DW, 2025), el gobierno decidió retirarse de dicha organización junto a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Esto se suma del retiro oficial de Nicaragua de la Organización de Estados Americanos (OEA), solicitud que fue hecha en 2023 y confirmada a fines del 2024.
Se estima que los grupos de fuerzas militares paralela, que hoy son legales para el gobierno de Nicaragua, sean el bastión principal para mantener controlados a los nacionales de posibles oposiciones al régimen, así como un aumento de procesos extrajudiciales contra todo aquel que no esté a favor del FSLN.
China ha sido un aliado importante en todo este proceso, ya que ha invertido en movilización, infraestructura y energía en el país, y se habla de un posible proyecto para construir un canal de paso marítimo entre el mar Caribe y el Pacífico, posible competencia con el Canal de Panamá.
El filósofo político Thomas Hobbes plantea que el monopolio de la fuerza yace en el Estado, quien es el único que puede ejercer fuerza legítima, a excepción de la legítima defensa (Hobbes, 2003), pero en estos casos donde se legaliza el poder militar paralelo, ¿sigue siendo monopolio de la fuerza una herramienta legítima del Estado?