El ultimátum de Trump, emitido el sábado 21 de marzo de 2026, y la contraamenaza de Irán constituyen, a la fecha, la última escalada en la guerra en curso entre Estados Unidos e Israel contra Irán, que ya se encuentra en su cuarta semana.
Breve reseña
La guerra comenzó el 28 de febrero de 2026 con los ataques aéreos coordinados entre Estados Unidos e Israel, en la llamada Operación «Epic Fury»[1], contra objetivos militares, nucleares y de liderazgo iraníes, en los que, según se informó, murió el líder supremo Alí Jamenei. Irán respondió con lanzamientos de misiles dirigidos tanto a ciudades como a objetivos militares en Israel, además de atacar bases estadounidenses en el Golfo y el tráfico marítimo en la región. Además, Irán cerró de facto el estrecho de Ormuz a los buques «enemigos» (estadounidenses y aliados), al tiempo que afirmaba que permanecía abierto a otros países mediante coordinación. El bloqueo ya ha paralizado la mayor parte del tráfico de petroleros, disparado los precios del combustible y agitado los mercados. Sin embargo, en los últimos días la escalada del conflicto ha aumentado de forma preocupante.
[1] El nombre que le da Israel es «Operación Ira de Dios».
Figura N°1 Soldados israelíes trabajan en el lugar de los daños tras los ataques con misiles iraníes que alcanzaron Dimona, el 21 de marzo de 2026 [Ilan Assayag/Reuters] Nota: Al Jazeera (2026).
El sábado 21 de marzo de 2026, Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque contra la planta nuclear iraní de Natanz (Reuters, 2026). A las pocas horas, Irán materializó su respuesta. El Ministerio de Sanidad israelí informó de que al menos 180 personas resultaron heridas tras una andanada de misiles iraníes contra la ciudad de Dimona —donde se ubica la principal instalación nuclear de Israel— y la cercana Arad.
La secuencia —ataque y réplica en cuestión de horas— evidencia una dinámica de acción-reacción cada vez más acelerada, en la que ambos bandos parecen haber reducido sus márgenes de contención. El conflicto, ya en su cuarta semana, entra en una fase de represalias más abiertas, con un creciente riesgo de ampliarse a escala regional y, como veremos, a escala mundial.
Ultimátum y contraamenaza
En este contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó significativamente la tensión al amenazar, el sábado 21 de marzo por la noche, con atacar las centrales eléctricas de Irán si no se restablece, en un plazo de 48 horas, la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz (Al Jazeera, 2026). El ultimátum dice textualmente lo siguiente: «Si Irán no ABRE TOTALMENTE, SIN AMENAZAS, el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 HORAS a partir de este preciso momento, los Estados Unidos de América atacarán y destruirán sus diversas CENTRALES ELÉCTRICAS, EMPEZANDO POR LA MÁS GRANDE» (Donald J. Trump, cuenta en Truth Social, 2026).
Figura N°2 Publicación de la cuenta oficial del presidente Trump en Truth Social en la que lanza un ultimátum público de 48 horas a Irán Nota: Donald J. Trump, cuenta en Truth Social (2026).
Al día siguiente, el domingo 22, Irán replicó con una contraamenaza que intensificó aún más la escalada. Así, un portavoz del Cuartel General Central Khatam al-Anbiya, el organismo que supervisa las operaciones militares iraníes, declaró en persa que «si la infraestructura de combustible y energía de Irán es atacada por el enemigo, toda la infraestructura energética, de tecnología de la información y de desalinización perteneciente a Estados Unidos y al régimen (israelí) en la región será objeto de ataques» (Anadolu Ajansi, Turquía, 2026).
El ultimátum de Trump refleja la creciente presión a la que se enfrenta para asegurar el control del estrecho de Ormuz, una arteria energética clave para la economía mundial. La decisión de Irán de mantener el estrecho cerrado a los «barcos enemigos» no solo desafía abiertamente a Washington, sino que ya está teniendo consecuencias palpables: un repunte vertiginoso de los precios del petróleo y una sacudida en los mercados financieros. En este escenario, la amenaza estadounidense no solo busca disuadir, sino también reafirmar su capacidad de intervención en una región cada vez más volátil.
Análisis estratégico – militar
Si Estados Unidos ejecuta ataques contra las centrales eléctricas iraníes e Irán responde con las represalias que ha amenazado, las consecuencias serían severas y de amplio alcance, con el potencial de transformar un conflicto regional en una crisis energética, económica y alimentaria de repercusiones mayores.
En primer lugar, la viabilidad de los ataques estadounidenses contra la infraestructura eléctrica iraní es alta y conlleva un riesgo inicial relativamente bajo para las fuerzas de Washington. Operaciones de precisión standoff[2] —mediante misiles Tomahawk lanzados desde plataformas navales en el mar Arábigo, bombas JASSM-ER desplegadas por bombarderos B-52 o B-2 fuera del alcance de las defensas aéreas iraníes, o incluso F-35 operando con carga interna— permitirían ejecutar ataques quirúrgicos sin necesidad de penetrar un espacio aéreo que aún es defendido. La campaña previa, conocida como Operation Epic Fury, ha degradado los sistemas S-300/400 y los centros de mando y control del Cuerpo de Guardias Revolucionarios Islámicos, lo que ha reducido significativamente la eficacia defensiva iraní. El impacto sería inmediato: apagones masivos en Teherán y otras ciudades clave, con efectos directos en hospitales, suministro de agua e industria. No obstante, Irán conserva cierta resiliencia gracias a su generación distribuida y a sus sistemas de respaldo. Si bien estos ataques no provocarían un colapso inmediato del régimen, sí podrían erosionar rápidamente su legitimidad interna, según Estados Unidos e Israel. En este contexto, Estados Unidos probablemente priorizaría las instalaciones de gas natural —más vulnerables y críticas para la red— por encima de los objetivos nucleares o hidroeléctricos, minimizando los riesgos de contaminación radiactiva.
[2] Las operaciones de precisión standoff son ataques realizados a larga distancia, desde fuera del alcance de las defensas enemigas, mediante armamento de alta precisión.
Sin embargo, la capacidad de respuesta iraní introduce una asimetría terminante. Teherán ha demostrado su capacidad para atacar infraestructuras críticas en la región, incluyendo plantas de desalinización en Bahréin, refinerías en Arabia Saudita y en Qatar y terminales energéticos como Ras Laffan. Su arsenal de misiles balísticos de alcance medio —como Fateh-313 o Emad— y drones tipo Shahed permite golpear objetivos en el Golfo a corto plazo. Además, el uso de actores proxy —hutíes en Yemen, milicias chiitas en Irak y Hezbolá en el Líbano— amplifica la presión sobre las rutas marítimas y las instalaciones energéticas de Arabia Saudita y de los Emiratos Árabes Unidos. El estrecho de Ormuz se encuentra, en la práctica, casi cerrado, con una drástica reducción del tráfico marítimo. Irán dispone de una importante capacidad de guerra naval asimétrica, que incluye minas, lanchas rápidas, misiles antibuque y drones submarinos. Reabrir el estrecho requeriría operaciones de dragado prolongadas, costosas y vulnerables, en un contexto en el que la capacidad especializada estadounidense ha disminuido. Esta doctrina convierte el cierre en un multiplicador estratégico que obliga a Washington a elegir entre asumir costos económicos globales o escalar aún más el conflicto.
En este escenario, la disrupción energética global se convierte en un instrumento estratégico central. Un cierre prolongado de Ormuz, sumado a daños en los activos energéticos regionales, podría interrumpir cerca del 20 % del suministro mundial de petróleo y afectar gravemente los flujos de gas natural licuado. El precio del petróleo Brent podría superar los 150 dólares por barril, lo que impulsaría la inflación global, agravaría las disrupciones logísticas y aumentaría los riesgos de recesión, especialmente en economías altamente dependientes de las importaciones de energía, como China, India, Japón, Corea del Sur y Europa. En este contexto, Chile debe mantenerse particularmente atento, dado que depende casi por completo de las importaciones de petróleo. Paralelamente, los propios estados del Golfo enfrentarían vulnerabilidades críticas, especialmente en sus plantas de desalinización —responsables de la mayor parte del suministro de agua potable—, lo que generaría presiones internas para exigir una rápida desescalada y tensionaría la cohesión de la coalición alineada con Washington.
La escalada militar directa entre Estados Unidos e Israel contra Irán sería, en consecuencia, difícil de contener. Teherán activaría a sus aliados regionales, intensificaría los ciberataques y ampliaría las campañas de misiles y drones contra bases estadounidenses, contra Israel y contra el tráfico marítimo. Los Estados del Golfo podrían verse arrastrados al conflicto o sufrir graves daños colaterales. Aunque Washington ha reforzado su presencia militar en la región, estos recursos serían insuficientes ante una escalada sostenida, que podría requerir escoltas navales extensivas o incluso operaciones terrestres de gran escala, las cuales involucran un muy alto grado de compromiso para Estados Unidos en la actualidad. El riesgo de error de cálculo es elevado, particularmente si los ataques se aproximan a instalaciones nucleares sensibles como Natanz, lo que podría generar la búsqueda por acelerar el programa nuclear iraní. Irán ha demostrado, además, una capacidad de proyección extendida, lo que amplía el alcance del conflicto. En este contexto, el principio de que «el adversario también decide»
resulta central: Teherán parece dispuesto a asumir daños significativos si ello impone costos económicos inaceptables a sus oponentes.
El impacto geopolítico sería igualmente profundo. China y Rusia, principales socios de Irán, intensificarían su respaldo diplomático y económico —y, potencialmente, militar—, poniendo a prueba las alianzas occidentales. Europa, enfrentada a una nueva crisis energética, se vería forzada a desempeñar un rol mediador más activo. A más largo plazo, el debilitamiento de las restricciones sobre el programa nuclear iraní podría consolidar a Teherán como un Estado umbral, reconfigurar el equilibrio regional y aumentar los riesgos de proliferación, particularmente en Arabia Saudita.
Finalmente, las consecuencias humanitarias —apagones prolongados, crisis de agua potable, hambrunas por falta de fertilizantes y colapso de los servicios básicos— tendrían un efecto estratégico indirecto pero significativo. La afectación de hospitales, sistemas de saneamiento, de alimentación y de condiciones de vida generaría desplazamientos de población, daños ambientales e inseguridad alimentaria, como lo vimos en un Observatorio anterior de este Centro de Estudios Estratégicos de la Academia de Guerra del Ejército de Chile (CEEAG, 2026). Esto erosionaría la legitimidad de ambos bandos: para Irán, como herramienta narrativa frente a la «agresión externa»; para Estados Unidos, como riesgo de verse atrapado en un conflicto prolongado con altos costos políticos.
Conclusión
A la luz del escalamiento observado en los últimos días, se configura un escenario plausible de «afectación económica mutua asegurada». Desde el punto de vista militar, Estados Unidos mantiene ventaja tecnológica comparativa durante toda esta fase inicial de la escalada —capacidad de golpear primero y con alta precisión—; sin embargo, no cuenta con todo el control estratégico, al existir la capacidad de respuesta iraní, donde la respuesta asimétrica de Teherán ha mostrado eficiencia, en términos de costos sostenidos.
Irán se mantiene fiel a su doctrina tradicional: no calibrar la respuesta, sino escalarla, con el objetivo de forzar una negociación en condiciones favorables. La probabilidad de que ambas partes avancen en el cumplimiento de sus respectivos ultimátum es media-alta. No obstante, Washington podría optar por una estrategia de ataques limitados, combinados con la escolta naval, mientras que Teherán respondería de manera proporcional, con efectos profundos en el estrecho de Ormuz.
Las opciones de desescalada aún existen —como la mediación de China u Omán, o un acuerdo tácito de reapertura parcial a cambio de evitar ataques a instalaciones críticas—, pero la ventana para activarlas se reduce rápidamente.
El conflicto ha dejado de centrarse exclusivamente en el programa nuclear o en los actores proxy: ha evolucionado hacia una confrontación sobre infraestructuras críticas, en la que el desenlace estratégico dependerá de quién ceda primero ante el impacto económico global. En este contexto, el riesgo de que un conflicto regional derive en una crisis de alcance mundial es alto y tangible.